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Solange & Ariza
Especialistas en la gestión de deudas, trámites de insolvencia y procesos de liquidación patrimonial, tanto para personas naturales como jurídicas.
$5,000,000
✅Asesoría en procesos de reorganización empresarial (Ley 1116 de 2006)
Reorganización empresarial de una compañía de manufactura con deudas por $5,000,000, lograda bajo la Ley 1116 de 2006, que permitió preservar 120 empleos y garantizar la continuidad de las operaciones.
$7,400,000
✅Liquidación judicial de sociedades comerciales
Liquidación judicial de una sociedad comercial con pasivos por $7,400,000, logrando la distribución equitativa de los activos entre acreedores y el cierre ordenado de las obligaciones legales.
$8,500,000
✅Negociación y validación de acuerdos de reestructuración
Acuerdo de reestructuración validado por $8,500,000 para una compañía de 37 años de trayectoria que enfrentaba problemas de liquidez, permitiendo preservar su operación, garantizar la continuidad de empleos y establecer un plan de pagos sostenible con sus acreedores.
$4,900,000
✅Representación de acreedores en procesos concursales
Representación de acreedores en un proceso concursal que resultó en el reconocimiento y recuperación de $4,900,000, garantizando el pago proporcional de sus créditos y la defensa efectiva de sus intereses frente a la sociedad deudora.
$6,500,000
✅Elaboración de proyectos de calificación y graduación de créditos
Proyecto de calificación y graduación de créditos que permitió el reconocimiento de acreencias por $6,500,000, garantizando la correcta priorización de pagos entre los diferentes acreedores en un proceso concursal.
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Información útil
Preguntas frecuentes
Que dice la ley 1116 de 2006?
La Ley 1116 de 2006 en Colombia regula los procesos de insolvencia empresarial, permitiendo a las compañías en crisis económica reorganizarse para recuperar su viabilidad o, en caso contrario, entrar en liquidación judicial para pagar sus deudas de manera ordenada y proteger tanto a los acreedores como el empleo.
La liquidación judicial de sociedades comerciales?
La liquidación judicial de sociedades comerciales es un proceso legal mediante el cual una empresa que no puede cumplir con sus obligaciones financieras se disuelve y vende sus bienes para pagar a sus acreedores. Este procedimiento se adelanta ante la Superintendencia de Sociedades o un juez competente, y su objetivo es garantizar que los activos de la sociedad se distribuyan de forma justa y ordenada entre quienes tienen derecho a recibirlos, dando por terminada oficialmente la existencia jurídica de la empresa..
Cuál es el propósito de la negociación y validación de acuerdos de reestructuración en un proceso de insolvencia?
Su propósito es permitir que una empresa con dificultades financieras acuerde con sus acreedores nuevas condiciones de pago —como plazos, quitas o refinanciación— y que dichos acuerdos sean validados por la autoridad competente, garantizando seguridad jurídica y viabilidad para la continuidad de la empresa.
En qué consiste la representación de acreedores en procesos concursales?
Consiste en la defensa legal de los intereses de los acreedores dentro de un proceso concursal, asegurando que sus créditos sean reconocidos, clasificados y pagados de manera justa y prioritaria según la ley. El abogado que los representa vela porque se respeten sus derechos, participa en audiencias y en la negociación de acuerdos, y busca obtener la mayor recuperación posible de las deudas adeudadas por la empresa en insolvencia.
Qué implica la elaboración de proyectos de calificación y graduación de créditos?
Implica identificar, organizar y clasificar las deudas reconocidas en un proceso de insolvencia, determinando su monto, naturaleza y orden de prioridad conforme a la ley. Este proyecto garantiza que los pagos a los acreedores se realicen de manera justa y proporcional, respetando las categorías legales establecidas, como créditos laborales, fiscales o quirografarios.
Por qué es importante la calificación y graduación de créditos en un proceso concursal?
Es importante porque asegura que los recursos obtenidos de la empresa en insolvencia se distribuyan de forma equitativa y ordenada, respetando la prelación legal de pagos. De esta manera, se protege a los acreedores más vulnerables, como los trabajadores, y se brinda transparencia y seguridad jurídica en todo el proceso.